Anda el río revuelto por unos indultos que el gobierno plantea como solución a un conflicto mientras acusa a la oposición de un oculto deseo de venganza. Ni lo uno ni lo otro. Ni solución ni venganza, porque, más allá del indulto judicial, es el aspecto político el que no es indultable:
Desear ser un estado propio es legítimo, pero no es indultable declarar la independencia de un territorio sin tener el respaldo fehaciente de la mayoría más que cualificada de la población de dicho territorio.Reprochar que el cauce legal para obtener ese respaldo fehaciente está altamente dificultado por una Constitución muy conservadora es legítimo, pero no es indultable inferir por ello que una consulta sin garantías aporta los resultados suficientes para, nada más y nada menos, que declarar la independencia de un país.
Es legítimo buscar la independencia de una comunidad cuando se cree que tal comunidad tiene esa voluntad de forma mayoritaria. Pero en ausencia de una consulta legal, la observación de los resultados autonómicos a lo largo de los años, que otorgan el 50% de los votos, o menos, a las opciones independentistas, convierte en imposible la afirmación falaz de que dicha independencia respondía a los anhelos de un pueblo. No es indultable haber declarado la independencia unilateral con ese escaso soporte demorático para tamaña empresa y no es indultable la monopollización del concepto “pueblo catalán”.
Es legítimo lamentar que las voluntades populares se deben a volubles y emocionales campañas alimentadas por medios de comunicación interesados, pero no es indultable el acoso orquestado que se hizo a la prensa nacional e internacional durante el Procés.
Es legítimo hacer oposición a políticos de ideas contrarias, y más en decisiones tan trascendentales, pero no es indultable ahorcar de un puente a muñecos con sus nombres, vandalizar los domicilios o negocios de sus familiares, e instigar desde cargos públicos a incrementar (“apreteu, apreteu”) todo este tipo de violencia.
Es legítimo creerse dueño de su destino y soberano para emprender un camino político de manera individual, incluso anhelar una gestión propia y exclusiva aunque se demandase sin trayectoria histórica que lo avalara, pero no es indultable construir una historia falsa y atropellar todo tipo de rigor académico en búsqueda de la identidad nacional. Es legítimo querer gobernarse solo, pero no es indultable hacerlo sobre resortes emocionales fabricados ad hoc.
Es legítimo lamentar y observar con profunda tristeza los enfrentamientos contemporáneos de la población civil con las fuerzas policiales en la Europa Occidental cuando la voluntad y motivación de esos ciudadanos choca con la negativa del señor sistema, como ocurre en numerosas ocasiones como las cumbres del G20, los chalecos amarillos, huelgas generales varias, desahucios, motivaciones ecológicas, etcétera. Es legítimo lamentarlo y es legítimo querer revisarlo. Pero no es indultable estirar el lenguaje y la realidad a la campaña de los “1000 heridos” sin un millar de partes médicos que lo avalen (hoy en día las denuncias de violencia, antes de comisaría pasan todas por un hospital) y ni una sola visita de los líderes independentistas a los caídos en el campo de batalla como hace todo gobernante cuya población ha sido masacrada de verdad.
Es legítimo abanderar el triunfo de la democracia y las voluntades populares. Pero precisamente por ello no es indultable no haber modificado -en sucesivas convocatorias- la ley electoral que traduciría de forma directa los votos obtenidos en escaños del Parlament. La reforma, moralmente imprescindible, hubiera revelado que la mayoría independentista no era tal y que “el mandato del pueblo catalán” no era ése.
Es legítimo querer ser el exclusivo gestor de todos los aspectos políticos de una comunidad, pero no es indultable tachar de invasión colonialista la pertenencia a un estado con uno de los mayores niveles de autogobierno regional del mundo, donde hay más competencias transferidas que en la mayoría de los países occidentales que le rodean.
Pero la cuenta y relato de los pecados de los indultados, no exime el detalle de los pecados de los indultores.
Es legítimo oponerse al sector conservador de tu país y estar siempre alerta para denunciar su corrupción, pero no es indultable hacerle una moción de censura a un gobierno que acaba de gestionar nada más y nada menos que una declaración de independencia, y hacerlo además con los votos de los que han puesto en jaque al sistema de una manera tan injusta como se cita en los puntos anteriores.
Es legítimo defender que la solución a un conflicto se base en algún tipo de diálogo y negociación, pero no es indultable tachar de fascismo, franquismo y extrema derecha a cualquier oposición a ese diálogo sin matices y sin analizar intelectualmente a fondo los motivos para la negativa.
Es legítimo pensar que la negociación es un punto intermedio entre dos voluntades, pero no es indultable estigmatizar la posición de aquellos que pretenden dejar de negociar con unos comerciantes que cierran acuerdos con una mano mientras redactan con la otra las exigencias de la nueva negociación que anula la anterior.
Es legítimo creerse el mayor adalid de la igualdad y el progreso de todo el espectro político de un país por interpretar que dicho progreso y dicha igualdad están forzosamente vinculados con la expresión identitaria y la potenciación de las singularidades culturales de un territorio. Pero no es indultable intentar monopolizar el concepto de igualdad y hacer una oposición feroz a los que plantean que la igualdad fiscal, legal y de servicios, se ve altamente atropellada por esa potenciación identitaria. En otras palabras, no es indultable llamar fascismo a cualquier discurso que hable de la homogenización de impuestos, leyes y servicios en nombre de la igualdad. No es indultable que la alternativa al federalismo asimétrico socialista sólo pueda ser una expresión de fascismo y/o retroceso a épocas dictatoriales.
Es legítimo pensar que las identidades culturales necesitan potenciación política y gestión individualizada, pero no es indultable faltarle al respeto a la posición contraria que entiende que la cultura verdadera no necesita una estructura administrativa propia y singular para mantenerse. No para todo el mundo el progreso es la potenciación cultural a costa de sacrificar otras igualdades cívicas.
Es legítimo querer dialogar con una parte del conflicto, pero no es indultable no querer hacerlo con la otra parte. Aplicar exclusivamente la política representativa para una solución de tal calibre es además contrario a los ideales progresistas, si es que en nombre de ellos se mueve acaso todavía el partido socialista.
Es legítimo buscar la solución a un conflicto e incluso hacer examen de conciencia e investigar internamente posibles excesos o disfunciones del estado de derecho, pero no es indultable convocar para ello a un relator internacional de Naciones Unidas que equipare un conflicto cultural de sociedades colmadas de derechos y libertades con territorios del mundo donde brillan por su ausencia.
Incluso es respetable defender que el indulto es legítimo per se. Entender que, pese a revocar decisiones judiciales que son la expresión del estado de derecho, el indulto es una herramienta dada a los representantes electos de una sociedad y que, a través de ellos, la sociedad, más soberana que los tres poderes juntos, decide perdonar a los condenados. Pero no es indultable otorgar el indulto a todas luces como moneda de cambio para mantenerse en el poder y disfrazar la decisión de diálogo. Un diálogo sordo y maquiavélico, mudo por estar vacío de cualquier contenido, ideal o norte que lo guíe. Ni el partido socialista sabe a dónde va, ni sabe siquiera preguntárselo a los ciudadanos.
La “solución al conflicto” no es el diálogo ni el indulto, sino un referéndum sobre el modelo territorial. “Tres consultas y un funeral, la solución de progreso al problema catalán”: https://temerosi.com/2021/02/03/tres-consultas-y-un-funeral-la-solucion-de-progreso-al-problema-catalan/